El paro universitario vuelve a poner en tensión el funcionamiento del sistema educativo y, en ese contexto, desde la Universidad Nacional de San Juan se plantea una postura clara: acompañar el reclamo docente, proteger a los estudiantes y señalar la falta de respuestas del Gobierno Nacional como el principal factor que sostiene el conflicto.
El paro universitario vuelve a poner en tensión el funcionamiento del sistema educativo y, en ese contexto, desde la Universidad Nacional de San Juan se plantea una postura clara: acompañar el reclamo docente, proteger a los estudiantes y señalar la falta de respuestas del Gobierno Nacional como el principal factor que sostiene el conflicto.
Fernando Leyes, presidente de la Federación Universitaria de la UNSJ, explicó que el reclamo salarial es legítimo, pero que el problema es más profundo. “No es solo una cuestión de sueldos. Tiene que ver con el financiamiento de las universidades, las becas y las condiciones en las que se estudia”, señaló.
En ese marco, destacó el trabajo que vienen realizando desde la Federación para sostener la actividad académica dentro de un escenario complejo. “Defendemos a los estudiantes y tratamos de garantizar cierta normalidad, aunque el contexto no ayuda”, afirmó.
Uno de los puntos más sensibles es la tensión entre el derecho a huelga y el derecho a la educación. Frente a eso, Leyes aseguró que se han logrado acuerdos para evitar la pérdida de instancias clave. “Estamos articulando con los gremios para que no se pierda ninguna mesa de examen, y hasta ahora lo venimos cumpliendo”, remarcó.
El dirigente también fue contundente al momento de señalar responsabilidades. “Esto no es culpa de los docentes. El problema está en el Gobierno Nacional, que no está dando respuestas”, expresó, insistiendo en la necesidad de aplicar la ley de financiamiento universitario como herramienta para destrabar la situación.
En contraste, puso en valor el rol de la provincia de San Juan, que ha acompañado institucionalmente al sistema universitario en medio de la crisis. Esa presencia, según indicaron desde el ámbito estudiantil, resulta fundamental para sostener el funcionamiento en un contexto adverso.
Mientras tanto, el impacto del conflicto se sigue sintiendo en las aulas. Estudiantes que ven reprogramados sus exámenes, cursadas interrumpidas y un calendario académico que pierde previsibilidad.
A pesar de eso, desde la Federación buscan contener la situación y mantener abiertos los canales de diálogo. “Les pedimos a los estudiantes que se acerquen, que nos contacten. Estamos para acompañarlos y buscar soluciones”, indicó Leyes.
El conflicto sigue sin resolución a corto plazo, pero deja en evidencia una discusión de fondo: el financiamiento de la universidad pública y el rol del Estado en garantizar su funcionamiento.