“Tal vez vamos un poco retrasados”. Ricardo Ferrari, asesor letrado de Gobierno, reconoció que San Juan comenzó la implementación del nuevo régimen penal juvenil con varias cuestiones todavía en proceso de definición. La Provincia trabaja ahora junto a la Justicia, fiscales, defensores, legisladores y especialistas para construir una ley procesal propia que ordene definitivamente el sistema.
Uno de los principales interrogantes está en el supervisor, una figura que tendrá que acompañar al adolescente y verificar que se cumplan las medidas ordenadas por el juez. “Es un actor fundamental del proceso”, destacó Ferrari. ¿De quién dependerá? Esa respuesta todavía está en discusión. También habrá cambios dentro de la Justicia. La nueva normativa exige mayor especialización de los magistrados y, para determinados delitos, podría requerir tribunales colegiados.
Mientras tanto, el Gobierno creó un área penal juvenil dentro de la Dirección de Niñez para coordinar tratamientos, regreso a la escuela, actividades deportivas, capacitación laboral y abordajes por consumos problemáticos. Otra pieza importante es el Instituto Nazario Benavides. Ferrari aseguró que las obras destinadas a alojar varones están prácticamente terminadas y que también se prepara un sector separado para eventuales casos de adolescentes mujeres.
Pero el funcionario insistió en que el objetivo no debe ser llenar instituciones. “La ley intenta no poner el acento en el aspecto punitivo, sino en el restaurativo”, sostuvo. El Gobierno ya tiene un borrador de ley y pretende enviarlo a Diputados una vez alcanzados los consensos. Hasta entonces, la implementación deberá avanzar con ajustes transitorios y una meta: que el encierro sea realmente la última alternativa.
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