Una de las obras más importantes de los últimos años en San Juan quedó envuelta en una fuerte polémica. El Acueducto Gran Tulum, impulsado durante la gestión de Sergio Uñac, es cuestionado por un informe técnico que advierte que las cañerías utilizadas no serían aptas para agua potable.
El estudio, realizado por la consultora Interacción y certificado por Bureau Veritas, indica que los tubos corresponden a materiales usados en cloacas y desagües, lo que podría representar un riesgo para el consumo humano.
La obra fue financiada con un crédito internacional de 100 millones de dólares que la provincia ya comenzó a pagar, lo que genera preocupación por las consecuencias económicas.
En el centro de la escena aparece la empresa Krah, encargada de proveer los caños. A esto se suma un dato sensible: el vínculo con Gustavo Monti, primo del exgobernador, quien era apoderado de la firma.
Además, durante el proceso licitatorio ya se habían registrado advertencias de otras empresas sobre los materiales y los costos del proyecto, que superaban el presupuesto oficial.
Ahora, la Justicia investiga el caso. La Fiscalía analiza una gran cantidad de documentación y podría avanzar con nuevas medidas.
Si se confirman las irregularidades, la obra podría quedar paralizada, habría que reemplazar los materiales y la provincia seguiría pagando la deuda.
LA PALABRA DEL FISCAL
La investigación por el Acueducto Gran Tulum sigue avanzando y suma un nuevo capítulo con la incorporación de documentación enviada por el Gobierno de San Juan. La obra, que fue ejecutada durante la gestión de Sergio Uñac, continúa en el centro de la escena.
El fiscal de Delitos Especiales, Sebastián Gómez, explicó que el material ya comenzó a ser analizado y que se trata de un proceso técnico que requiere tiempo y precisión. “Se está recepcionando cierta documentación que ha enviado el Gobierno, la cual tendrá que ser evaluada”, indicó.
Según detalló, la causa se viene trabajando desde diciembre y abarca una gran cantidad de información vinculada a la obra.
En ese contexto, también se analiza el proceso de adjudicación, donde aparece la empresa Krah y el nombre de Gustavo Monti como apoderado, lo que suma interrogantes sobre cómo se llevaron adelante esas decisiones.
El fiscal aclaró que todavía no se pueden determinar responsabilidades, ya que primero se debe comprobar si existió algún hecho irregular. “La investigación es mucho más amplia que un informe puntual”, señaló.
Mientras tanto, los equipos técnicos continúan trabajando para reunir elementos que permitan avanzar en la causa.
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