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San Juan, entre las provincias con mayor cantidad de tierras en manos extranjeras

Un relevamiento nacional ubica a San Juan como la tercera provincia del país con mayor superficie rural en manos de propietarios extranjeros. El dato reaviva el debate sobre la extranjerización de la tierra en una provincia atravesada por la minería, la producción agropecuaria y el desarrollo de proyectos estratégicos.

San Juan se posiciona entre las provincias argentinas con mayor porcentaje de tierras rurales en manos extranjeras, según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales. La provincia ocupa el tercer lugar del ranking nacional, una situación que vuelve a poner en discusión el control sobre los recursos estratégicos y el destino de grandes extensiones del territorio.

El escenario cobra especial relevancia en un contexto donde el Congreso debate modificaciones al régimen que regula la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. La iniciativa busca mantener restricciones para la compra de campos considerados estratégicos, especialmente aquellos vinculados con recursos naturales, agua y minería.

En San Juan, la presencia de inversiones internacionales vinculadas principalmente al desarrollo minero ha incrementado el interés sobre la propiedad de grandes superficies rurales. Si bien la legislación vigente no prohíbe la adquisición de tierras por parte de extranjeros, sí establece límites y mecanismos de control mediante el Registro Nacional de Tierras Rurales, organismo encargado de autorizar y fiscalizar este tipo de operaciones.

La Ley 26.737 fija topes a la titularidad extranjera y determina que las operaciones de compra deben cumplir con requisitos específicos, además de preservar determinadas zonas consideradas sensibles para el interés nacional. La normativa continúa vigente luego de que su derogación, dispuesta inicialmente por el DNU 70/2023, quedara suspendida por una medida cautelar.

El debate volvió a instalarse con fuerza a partir de la discusión parlamentaria de una nueva reforma impulsada a nivel nacional, que propone endurecer las condiciones para la compra de campos por parte de estados extranjeros o empresas con participación estatal. Entre los argumentos figuran la protección de recursos estratégicos y la soberanía territorial, mientras que sectores productivos sostienen que también debe garantizarse un marco que incentive las inversiones privadas.

Con una superficie provincial cercana a los 90.000 kilómetros cuadrados y un fuerte perfil minero y agroindustrial, San Juan aparece nuevamente en el centro de una discusión que combina desarrollo económico, inversiones y control sobre el territorio. El lugar que ocupa en el ranking nacional vuelve a poner sobre la mesa un tema que trasciende las estadísticas y que promete seguir formando parte de la agenda política y productiva del país.

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