La Provincia investigará cómo se realizó la retención que dejó a miles de usuarios sin servicio. Franco Marchese aseguró que el gremio no avisó formalmente y advirtió que puede haber sanciones.
La mañana sin colectivos de ayer miércoles puede terminar ahora con una sanción para UTA. Franco Marchese, subsecretario de Trabajo, confirmó que abrirán un expediente para determinar cómo se realizó la retención de servicios y si el gremio cumplió con los requisitos necesarios antes de afectar el transporte público. “En principio, sería ilegal”, sostuvo el funcionario. De todos modos, la definición no está tomada: primero deberán analizar cuánto duró la protesta, cuántos choferes participaron y qué porcentaje de colectivos quedó fuera de las calles.
El conflicto comenzó porque UTA sostiene que las empresas no pagaron los salarios de acuerdo con la nueva pauta firmada el 23 de septiembre. Un día antes de la retención, el gremio había anunciado el estado de alerta y advertido que podía realizar asambleas y suspender parcialmente los servicios. Marchese aseguró que debía mantenerse un 75% de las frecuencias, pero allí aparece una diferencia importante con la legislación nacional vigente.
La Ley 27.802 considera al transporte terrestre una actividad de “importancia trascendental” y fija un servicio mínimo del 50%, no del 75%. También establece un preaviso de cinco días y que los usuarios deben conocer las características de la medida con 48 horas de anticipación, dentro del régimen previsto para estos conflictos. La falta de colectivos tuvo impacto directo en la vida cotidiana: Educación decidió justificar ausencias y tardanzas de estudiantes y trabajadores que dependieran exclusivamente del transporte público. Ahora Trabajo deberá resolver si corresponde multar al gremio, mientras Transporte evalúa por otra vía la responsabilidad de las empresas.